La secretaria general de la Agrupación Socialista de Camargo, María Jesús Calva, defendió que su gestión al frente de la Alcaldía, durante la pasada legislatura, se caracterizó por la "transparencia y la honradez".
La ex alcaldesa salió al paso así de los comentarios que desde "distintos ámbitos" han tratado de "poner en duda" parte de la gestión del PSOE de Camargo. "En todo momento, mi objetivo fue trabajar por los vecinos, buscando su beneficio y bienestar", aseveró.
la secretaria general del PSOE de Camargo criticó a "aquellos que filtran información municipal con no se sabe muy bien qué tipo de intención, aquellos que han fabricado especulaciones sin conocimiento de causa ni soporte legal y aquellos que, llevados por la pasión, llegan, incluso, a acusarme a mi y al anterior equipo de gobierno municipal socialista de corrupción".
Calva se remontó al 1 de marzo de 2003 para explicar que su predecesor en la Alcaldía, Eduardo López Lejardi, recibió un informe de recursos humanos en el que se afirmaba que, tras una reforma en el sistema de contrataciones, era "imposible" la prórroga del contrato con INEM-Corporaciones Locales, que afectaba a 23 trabajadores de distintos servicios municipales.
La dirigente socialista enfatizó que estos empleados desarrollaban su labor en servicios "prioritarios", como la educación, la cultura y deporte, como la atención en las aulas de dos años, los centros públicos o los tres institutos de educación secundaria, por lo que se temió que la "calidad de la educación se iba a resentir".
Calva resaltó que también se intento "encontrar una solución para evitar que los trabajadores se quedaran sin empleo", e indicó que parte de ellos se acogieron a la oferta pública de empleo, en la que cubrieron plazas vacantes en la plantilla de personal aprobada en 2003.
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.
Sin embargo, precisó, resultó "imposible" realizar la modificación del presupuesto "a dos meses de las elecciones" e iniciar un nuevo procedimiento de contratación, que estimó hubiera tardado "como mínimo" un año, así que ante esta situación y las reivindicaciones sindicales, se decidió recurrir a una empresa de servicios.
La situación, explicó, se mantuvo hasta la aprobación de los presupuestos, cuando se pudo dotar de una partida presupuestaria para regular la contratación de estos servicios.
Fue entonces cuando se procedió al inicio del expediente de contratación de personal para garantizar el mantenimiento de las instalaciones deportivos, concurso que fue adjudicado por dos años a la empresa Ferroset. También se inició el proceso para la regulación del personal de centros escolares y culturales.
No obstante, hubo un conflicto laboral por parte de los empleados de Ferroset, que consideraban que debían ser trabajadores adscritos a la plantilla de personal indefinido no fijo del Ayuntamiento.
Esta situación no se resolvió hasta que se dictó la sentencia definitiva, el 18 de mayo de 2007, que fue notificada al Consistorio el 28 de mayo, dando la razón a las pretensiones de los trabajadores.
Calva afirmó que, en consecuencia, le correspondía al nuevo equipo de Gobierno surgido tras las elecciones municipales de ese año proceder a la regularización de los trabajadores afectados.
La ex alcaldesa detalló que la partida presupuestaria no pudo habilitarse debido a que en ese momento el equipo de Gobierno municipal no disponía de los votos necesarios, al gobernar en minoría.
REPAROS ADMINISTRATIVOS.
En cuanto al levantamiento de reparos de la intervención municipal para el pago de los servicios, sostuvo que era su "obligación" hacer frente a los mismos, "aunque el procedimiento de regulación de personal estuviese en parte paralizado a expensas del dictamen judicial a fin de prevenir consecuencias posteriores".
Al respecto, la dirigente socialista calificó como "rotundamente falso" que no diera cuenta del levantamiento de los reparos, que, aclaró, se producía en los plenos municipales, y reiteró que "todos los alcaldes levantan reparos y se da cuenta de ellos en los plenos ordinarios".
Además, quiso "dejar claro que en todo momento se ha hablado de servicios públicos y necesidades de la gestión municipal, además de los salarios de trabajadores". "En ningún momento se produjo perjuicio alguno para las arcas municipales ni mucho menos ningún tipo de beneficio para mi persona", afirmó.
También expuso que no hay "ningún fallo judicial" contra ella, "ni siquiera" denuncia en el Juzgado, ya que el secretario y el interventor "hubieran informado a la Fiscalía en caso de que existieran irregularidades, ya que están obligados a ello por ley".
Por tanto, animó a que "si hay alguien que piense que hay algún indicio de delito, que recurran a las vías legales disponibles y sea la Justicia quien tenga la última palabra".
Calva manifestó que "si alguien presenta una denuncia, lo tendrá que demostrar", y añadió que "no sólo por el hecho de presentar la denuncia, un cargo público tendría que dimitir".